El pasado 15 de abril, el Poder Ejecutivo Nacional propuso al juez Ariel Lijo, actualmente a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº4 como uno de los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De acuerdo a la normativa vigente, las personas propuestas deben demostrar aptitudes morales, idoneidad técnica y jurídica, independencia y un compromiso con los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos. Desde ACIJ, nos propusimos recolectar información sobre Ariel Lijo, indagando en particular en sus antecedentes, su situación patrimonial, las denuncias disciplinarias y penales presentadas en su contra y su desempeño en la investigación de causas de corrupción.
Algunos de los datos que surgen del análisis del candidato son los siguientes:
1- Está entre los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura, con un promedio de 1,6 denuncias disciplinarias por año desde que ejerce como juez (32 denuncias totales).
2- También fue denunciado penalmente por asociación ilícita, lavado de activos y soborno.
3- De las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo, 26 continúan en período de instrucción. A su vez, de esas 26, 13 están en este estado hace 10 años o más. Las que están hace más tiempo llevan 17, 18 y 26 años.
4- De las 89 causas, elevó a juicio oral solo 14, siendo el cuarto juez que menos casos elevó (15,7%).
Como resultado de este análisis, se observa que Ariel Lijo ha sido objeto de múltiples denuncias por falta de investigación de causas de corrupción, dilación arbitraria de los tiempos procesales, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias. Dichas denuncias son impropias de un candidato al más alto tribunal. Resulta esencial que ningún halo de sospecha recaiga sobre quien tendrá a su cargo la decisión de las causas judiciales más importantes de nuestro país.
Además, la gestión de Lijo como juez ha sido, cuanto menos, inefectiva. Aun teniendo menos causas que sus pares, ha demostrado demoras excesivas y pocas elevaciones a juicio, incluidas aquellas en las que hay personas relevantes investigadas, lo que evidencia una falta de idoneidad y podría generar sospechas sobre su independencia.
El proceso de selección de jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, regulado por el Decreto 222/2003, prevé un mecanismo de participación ciudadana, mediante el cual la sociedad civil puede presentar observaciones a las nominaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. Si te interesa presentar observaciones a estos nombramientos, podés hacerlo por escrito hasta el 9 de mayo en Sarmiento 329 (CABA), por mail a oficinadecretos@jus.gov.ar o a través de la plataforma TAD.
Si compartís nuestra preocupación sobre la candidatura de Lijo, completá este formulario para sumarte a futuras acciones en relación con la conformación de la Corte Suprema.
