EL PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS, AMENAZADO POR EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO DE DUDOSA LEGALIDAD Y LA COMPLICIDAD ESTATAL.
Se trata de Bahías del Paraná, de la empresa desarrolladora Brenna. La empresa avanza, el Estado municipal y provincial “dejan hacer”, y el juez federal González Charvay no se compromete a fondo con la protección del ambiente.
A esta altura del desarrollo del paradigma ambiental global, parece impensable que una empresa destruya impunemente 300 hectáreas de humedales -ecosistemas protegidos por tratados internacionales- en la puerta misma de un Parque Nacional. Sin embargo, eso es lo que está sucediendo en este momento en el sector Islas del Municipio de Campana.
La empresa Brenna Desarrollos está desmontando, rellenando, canalizando y terraplenando unas 300 hectáreas de humedales linderos al Canal Santa María y al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, con el objeto de generar una megaurbanización náutica con centro comercial incluido, denominada “Bahías del Paraná”.
El emprendimiento no cuenta con autorizaciones ambientales por parte de la Provincia de Buenos Aires, según informó el Ministerio de Ambiente en respuesta a solicitudes de información pública efectuadas por INEDES (Universidad Nacional de Luján) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Hasta al momento, tanto el municipio de Campana como la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires se han negado a informar sobre los permisos ambientales de su competencia, incumpliendo ambos organismos con sus obligaciones legales en materia de información pública, razón por la cual nuestra Organización ha iniciado procesos judiciales con el objeto de obligarlos a su cumplimiento.
El llamativo silencio de estos organismos permite suponer la inexistencia de tales permisos, llevando a la presunción de que las obras realizadas por Brenna serían ilegales. Por esta razón, nuestra Organización ha iniciado una acción penal, en la cual se ha presentado como querellante, para que se investiguen las responsabilidades de la empresa y de los funcionarios municipales en los presuntos daños ambientales y en los incumplimientos de los deberes de los funcionarios públicos en la habilitación y control ambiental.
Las sospechas de complicidad estatal con el presunto accionar ilegal de la empresa son también alimentadas por la llamativa inacción de ambos organismos ante las denuncias y pedidos de clausura. Para completar un cuadro más que negativo con respecto al rol de los poderes del Estado, el Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, hasta el momento se ha negado a considerar la solicitud de medida cautelar efectuada por nuestra Organización con el objeto de paralizar las obras hasta que se acredite el cumplimiento ambiental, en contra del dictamen fiscal que así lo recomienda, y a pesar de la total ausencia de permisos ambientales.
Mientras tanto, las topadoras y retroexcavadoras de Brenna siguen avanzando, siguiendo el manual del hecho consumado que tan bien conoce este sector empresarial, destripando los humedales del Ciervo de los Pantanos, con el solo objeto de embolsar rentas extraordinarias e ilegítimas, sobre la base de la destrucción de los bienes comunes.
Fuente: https://ambientalistas.org.ar/noticia/542
Asociación Ambientalista del Partido de Escobar
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