20 Lucas el asado para los complacientes en La Quinta de Olivos. Como si no pudieran pagarla quienes ganan bien, se perpetúan en los cargos, y dejan mucho que desear cuando se trata de representarnos. Toda una demostración absurda e innecesaria de falso altruismo y responsabilidad.
El veto del ejecutivo deja las jubilaciones en 304 mil pesos, el poder legislativo quería 317 mil. La diferencia es de 13 mil mangos. Unos 6 kilos y medio de pan al mes. Un papelón. Si las jubilaciones son un problema mundial y representan más del 50% del Presupuesto deberían trabajar sobre opciones creativas y maduras para un mediano plazo.
La lucha real y mediática por el aumento de las jubilaciones entre el Congreso Nacional y el Poder ejecutivo duró más de un mes, ocupando las pantallas de grandes analistas. Nos tienen acostumbrados.
El Proyecto finalmente vetado y convalidado por los votos de la Cámara de Diputados, tras tantas idas y vueltas, era por 433 mangos por día para cada jubilado. 433 mangos. El kilo de pan hoy se cobra entre 1700 y 2300 en cualquier panadería.
Se supo allá por el 9 de septiembre que el Gobierno licitó por una cifra de 16 millones de pesos medialunas y panes para proveer a la Residencia Presidencial de Olivos. Con la misma empresa que tenía contratada Alberto Fernández. La compra fue autorizada el 22 de agosto por el Administrador de Servicios Generales, Pablo Benvenuto, en una licitación firmada por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por un total de $16.677.288,10.
El costo político de las decisiones sobre el tema de las jubilaciones y tantas otras malas decisiones, impactarán en las elecciones de medio término del próximo año, sin dudas. Hablamos de más de 6 millones de votos.
Ahora algunos gobernadores comienzan a insistir con lo que decimos desde hace meses, es imposible poner el Déficit 0 por arriba de otras prioridades humanas. Claro que las Pcias tienen que bajar gastos, pero un presupuesto que acorrala en nombre del déficit 0, al mismo tiempo que nos exige sacrificios que el Poder no cumple, no resulta políticamente funcional ni justo.
El Gobierno gastó $94.008.435 en doce trabajos encargados a diferentes Consultoras para saber cómo está midiendo. Parece que todas las encuestas fueron pedidas por la jefatura de Gabinete que ahora conduce Guillermo Francos aunque ya estaban ordenadas en la gestión de Nicolás Posse, por la Secretaría General de la Nación, con la firma de Karina Milei.
Este presupuesto nacional 2025 asigna apenas el 2,5% de lo que le correspondería a la Ley de Bosques. Queda claro que no interesa el Medio Ambiente sino una explotación turística que no saben por dónde comenzar.
Mientras tanto, en economía seguimos esperando la decisión que falta, entre liberar el mercado cambiario o controlar la inflación. Sin eso no vas a tener inversiones, y sin inversiones no vas a tener trabajo.
Como si fuera poco, el 2 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 780/2024, que pretende reglamentar la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública lo que vulnera todo espíritu libre, limitando el acceso a la información en poder del Estado y permite al funcionariado público la discrecionalidad de decidir qué datos deben ser entregados o no.
Tremendo y temerario. Tanto como el retroceso del gobierno, al aceptar retirar el proyecto de democracia sindical por el pedido de los gordos de la CGT.
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