Se presentaron los resultados de la encuesta de transparencia presupuestaria sobre las medidas tomadas por los Estados para enfrentar el COVID-19. La evaluación arrojó que la rendición de cuentas en Argentina fue limitada, al igual que en otros 54 países de los 120 evaluados.
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El International Budget Partnership (IBP) realizó una evaluación complementaria a la Encuesta de Presupuesto Abierto, con una medición rápida de la rendición de cuentas en los paquetes de política fiscal de emergencia implementados por los gobiernos entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de 2020.
En el desarrollo de la investigación recientemente publicada por IBP, en la que ACIJ trabajó como socio local a cargo de la medición de Argentina, se observó que fueron múltiples las medidas fiscales tomadas por el gobierno nacional en respuesta a la crisis del COVID-19. La mayoría se aprobaron entre los meses de marzo y mayo, y muchas fueron prorrogadas en los meses siguientes. Para completar la encuesta se escogieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia al Trabajo, el Empleo y la Producción (AETP) por tratarse de las políticas más importantes en términos de participación en el gasto público. Mientras que el IFE representó el 75% del total de Gasto Social, el AETP significó el 63% del gasto en el Sector Privado, y, en conjunto, representaron el 51% del total de las medidas implementadas en respuesta a la crisis con impacto presupuestario.
La evaluación arrojó que la rendición de cuentas en Argentina fue limitada, al igual que en otros 54 países de los 120 evaluados. La información publicada sobre los fundamentos de las estimaciones originales y el impacto en las y los beneficiarios -entre otros datos relevantes- del AETP y el IFE fue escasa, mientras que la vigilancia por parte del Poder Legislativo y las oportunidades de participación ciudadana en la definición y el monitoreo de dichas políticas, fueron mínimas.
En líneas generales, se observó que los gobiernos no lograron gestionar sus respuestas fiscales a la crisis de manera transparente. Sólo 4 países de los 120 evaluados tuvieron niveles adecuados de rendición de cuentas y casi la mitad de los gobiernos -entre ellos Argentina- pasaron por alto al Poder Legislativo a la hora de aprobar estas medidas. A su vez, más de dos tercios no proporcionaron suficiente información sobre los paquetes de ayuda implementados en la emergencia ni sobre el uso de procedimientos de adquisición simplificados, lo que dificulta evaluar si los gobiernos obtienen una buena relación calidad-precio en la compra de equipos médicos u otros bienes y servicios.
La transparencia fue especialmente débil a la hora de informar el impacto de las políticas en las personas y empresas beneficiarias, y la participación ciudadana en la formulación y ejecución de dichas políticas fue prácticamente inexistente, lo que excluye a la población afectada de tener voz en la toma de decisiones sobre las prioridades durante la pandemia y quita a los gobiernos la oportunidad de contar con contribuciones que podrían mejorar la efectividad de sus acciones.
Al comienzo de la pandemia, ACIJ publicó Aportes para una política fiscal respetuosa de los DESC en el contexto de pandemia global, donde se analizó la reacción inicial del Estado argentino a la luz de las recomendaciones de organismos de derechos humanos y su impacto en el presupuesto público. Además, se instó al Estado a sostener y ampliar la transparencia presupuestaria y la participación en el diseño y la ejecución de las medidas de emergencia, por tratarse de prácticas indispensables para implementar estrategias efectivas en la garantía de derechos.
La transparencia fiscal permite reducir los riesgos de corrupción y asegurar resultados más equitativos y efectivos en la inversión pública. Es por eso que ACIJ, junto con el resto de las organizaciones que formaron parte de la evaluación, siguen reclamando a los Estados que publiquen información adecuada y detallada sobre las ayudas socioeconómicas aprobadas en contexto de emergencia, profundicen la transparencia, generen canales alternativos de participación y permitan a la sociedad monitorear el avance de las acciones estatales.
En esta página podés consultar el mapa de datos, la metodología de la encuesta, los resultados detallados por países, los resúmenes de la evaluación, algunas buenas prácticas y una serie de recomendaciones para mejorar la rendición de cuentas.
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PRENSA: Soledad De Marco
