Aporte; Por el Profesor Guillermo Sandler

PRECIOS ADMINISTRADOS

Los Gobiernos argentinos y en gran parte la sociedad simpatizan con la teoría de los precios administrados. No creen en el mecanismo de los precios que tiene la capacidad de dirigir la economía. Confían más en el Derecho administrativo e incluso en el Derecho Penal.

El concepto precio, según la Lógica, lleva implícito el calificativo libre. Es decir, el precio expresa más bien la idea de escasez relativa de una mercancía en un determinado mercado, cumple, además, la función de equilibrar la oferta y la demanda y orienta  la producción  hacia la demanda.

Los precios administrados no son precios sino “precios” fijados o controlados por el orden público (Gobierno). Así tenemos en el orden público:

a)      precios que resultan de la intromisión de los Gobiernos en los mercados. Precios que se alejan del precio de equilibrio resultante de las fuerzas (oferentes y demandantes) que actúan en el merado

El precio máximo se fija por debajo del precio de equilibrio con el objetivo del abastecimiento barato de ciertos bienes. Asimismo, el congelamiento de todos los bienes  por debajo del precio libre se instrumenta con el objetivo de eliminar a la inflación.

La fijación de un precio máximo lleva a la reducción de la oferta  y al aumento de la demanda, perdiendo el precio su capacidad de equilibrar la oferta y la demanda por lo que resulta un excedente de de demanda. Como consecuencia de esta política, el Gobierno distribuye el bien escaso mediante el racionamiento, surge el problema de las prioridades, lleva a la arbitrariedad y a la corrupción.

En el caso de los precios mínimos,  la oferta se coloca  por encima del precio de equilibrio y como consecuencia la demanda se achica. El  Gobierno subsidia la expansión de la oferta que se traduce en mayores gastos en el presupuesto nacional que deberían destinarse a otros fines (provisión de bienes públicos).

b) las tarifas de los servicios públicas que en principio no  tienen en cuenta la asignación eficiente (asignación burocrática) ni la estructura de costos, lleva al despilfarro de recursos por parte del Gobierno y también por parte de la demanda (luz, agua, gas, transporte, etc.), creándose un irracional sistema de subsidios y transferencias de ingresos hacia aquellos que tienen capacidad económica en contra de las clases más bajas (Teoría económica del despilfarro público del Prof. H.C. Recktenwald en Economía del Estado, Errepar SA) .

La intromisión directa del Gobierno mediante la fijación de precios máximos se origina en la existencia de un proceso inflacionario; se congelan los precios de los bienes y se fija oficialmente un tope o techo sobre los mismos. El exceso de demanda se hace inevitablemente presente y conduce a su vez al racionamiento, nace el mercado marginal, las arbitrariedades y la corrupción.

La inflación es lo que da origen a este procedimiento policial mediante el cual la inflación es contenida (o disimulada) pero no dominada (o eliminada). Asimismo, falsea el objetivo social que pretende proteger a los más pobres, lo que no es así ya que el mercado reduce la oferta de mercancías que va a parar generalmente al mercado marginal para usufructo de aquellos que pueden comprarlos e incluso incentiva la demanda debido a su baratura.

Cuando se pretende adquirir un bien que no es producto del esfuerzo y de la capacidad económica personal, sino a través de una burocracia oficial, surgen ineficiencias económicas, injusticias y cuanta conducta irracional es imaginable.

Si llevamos este esquema al mercado de divisas o tipos de cambio también se aplican los conceptos de precio administrado y de precio libre. El tipo de cambio no es otra cosa que el precio de una unidad monetaria extranjera (dólar, euro, sol, etc.) El esquema “up supra” es aplicable perfectamente a esta “mercancía” que tiene la particularidad que permite adquirir cualquier tipo de bien o servicio.

Evidentemente, la adquisición de la “mercancía unidad monetaria extranjera” a través de la previa autorización de una oficina burocrático (BCRA, AFIP, TGN, BNA o cualquier organismo sui generis creado al efecto) permite inferir que no debe existir cantidad o stock suficiente de divisas para afrontar los deseos, necesidades o cualquier otro motivo que se le ocurra al individuo. El mecanismo es totalmente absurdo. Por ejemplo, supongamos que un indigente gana el Quini y quiere comprar soles para irse a su país natal. Solicita una cantidad determinada a la entidad financiera y la AFIP le rechaza la compra de soles por la incompatibilidad existente entre sus ingresos y consumos. Más claro échele agua!

Finalmente, a modo de contribución patriótica,  sugiero lo siguiente;

  1. Que la Autoridad Monetaria fije un tipo de cambio (un precio administrado) a la divisa para aquellos bienes y servicios que, a su vez, la Autoridad Económicaestime proteger, subsidiar o estimular.

  1. Dejar funcionar un mercado totalmente libre que equilibre la oferta y la demanda de divisas por medio de los Bancos, Casas de Cambio, Entidades Financieras, Agencias, evitando de esta manera  perseguir a los agentes financieros, económicos, ahorristas y público en general como si fuesen delincuentes, cuando en realidad todos ellos quieren que sus ahorros o activos monetarios no sean licuados por la devaluación de la moneda nacional (inflación).

Por supuesto, no es nada fácil, no es la mejor solución pero es un second best. Sólo se requiere en principio que el BCRA deje de emitir billetes, que es la causa eficiente de la inflación actual.

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2011

Prof. Guillermo Sandler

Email: guillermosandler@hotmail.com

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