La Resolución 300/2025 aprobada por la Administración de Parques Nacionales (APN) actualiza el reglamento que regula las construcciones dentro de las áreas protegidas de la Patagonia. Si bien el organismo la presenta como una modernización técnica para unificar criterios y promover el uso sostenible del territorio, el texto de la nueva normativa publicada el 29 de septiembre en el Boletín Oficial, introduce cambios que podrían habilitar una expansión de construcciones turísticas y comerciales en zonas ambientalmente sensibles.
Por: VDMNoticias
05 de octubre 2025 · 09:47 hs
El nuevo marco deroga la Resolución 180/2012, vigente hasta ahora para los parques Lanín y Nahuel Huapi, y extiende las normas a todas las áreas protegidas patagónicas. Define parámetros más amplios para calcular la ocupación del suelo y las superficies edificables —como el Factor de Ocupación del Suelo (FOS) y el Factor de Ocupación Total (FOT)—, incorporando nuevas categorías de espacios cubiertos y semicubiertos que, en la práctica, incrementan el volumen edificable permitido.
La APN, presidida en la actualidad por el arquitecto Sergio Alvarez, justifica la medida señalando la necesidad de “actualizar criterios constructivos” y “adecuar las edificaciones a los usos turísticos y recreativos actuales”. Sin embargo, distintos actores del ámbito ambiental advierten que estas actualizaciones buscan flexibilizar el control sobre los emprendimientos privados dentro de los parques nacionales, especialmente en un contexto de escasez de personal técnico para fiscalizar el cumplimiento de las normas.
Lo que parece una adecuación técnica puede convertirse en una herramienta certera para ampliar la frontera de lo permitido y generar conflictos en las comunidades locales por el avance en zonas antes vedadas al desarrollo inmobiliario o turístico.
La resolución asigna a la Dirección Nacional de Infraestructura y a la Coordinación Zona Sur la tarea de supervisar la aplicación del nuevo reglamento. No obstante, sin mecanismos claros de transparencia y control público, las normas podrían terminar favoreciendo intereses privados en detrimento de los objetivos de conservación que justifican la existencia de los parques nacionales.
En los fundamentos oficiales se habla de promover la “sostenibilidad” y la “eficiencia constructiva”, pero las críticas apuntan a que esos conceptos se utilizan como justificación. La tensión entre desarrollo turístico y preservación ambiental, histórica en la gestión de las áreas protegidas, podría profundizarse si la resolución se convierte en el marco habilitante para una nueva ola de urbanización en entornos naturales frágiles.
Mientras tanto, crece la incertidumbre por conocer cómo aplicará Parques Nacionales estos nuevos criterios y si establecerá límites claros para evitar que el territorio patagónico pierda la protección que la ley le otorga.
Menos control, más riesgo
Esta etapa de flexibilización del uso del suelo coincide con el achicamiento del personal técnico y de fiscalización.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) alertó estos días sobre la drástica disminución del plantel operativo sometido a cobrar sueldos por debajo de la canasta básica.
Hoy la Administración de Parques Nacionales solo cuenta con 363 combatientes de incendios forestales cuando el mínimo necesario es de 700.
Especialistas advierten que esa combinación debilita la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación y favorece la expansión de intereses privados en territorios que deberían tener control público estricto.
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