La filial venezolana habría dejado expuestas las fallas en el sistema de control y regulación de los últimos gobiernos que parecen mirar hacia otro lado ante las supuestas maniobras e irregularidades financieras y contables que ya llevan varios años.
Daniel Barneda24 marzo de 2025
A pesar de las presuntas irregularidades por denuncias de corrupción y de maniobras fraudulentas, Pdvsa Argentina (la filial venezolana que controla las estaciones de Petrolera del Cono Sur y Fluvialba) sigue funcionando en el país sin ningún tipo de control por parte del Estado Nacional, sumida en un entramado político controvertido.
Desde su fundación en 2004, el sueño de Hugo Chávez y Néstor Kirchner de convertirse en una de las empresas líderes en el sector energético cayó en la última década en un profundo limbo económico, contable y jurídico por las sucesivas malas administraciones que habrían provocado la falta de actividad de la petrolera.
El caso de PDVSA Argentina es atípico y llama la atención la falta de fiscalización por parte de las autoridades argentinas.
Durante más de siete años, la empresa navega en la cornisa en una eventual quiebra, sin operaciones y con la mayoría de sus activos embargados. A pesar de ello, los expertos estiman que la compañía ha continuado operando de manera presuntamente informal, sin solicitar la apertura de un concurso de acreedores ni presentar un plan de reestructuración que le permita seguir operando legalmente.
Esta falta de regularización ha generado numerosas sospechas y preocupaciones sobre el destino de los fondos que ingresan la empresa, los cuales no se encuentran bajo ningún tipo de auditoría o control fiscal.
Punto de inflexión
La salida del ex presidente de la filial en Argentina,Carlos Corredor, tras la renuncia de Pedro Tellechea en Pdvsa Caracas,dejó al descubierto una trama de relaciones políticas entre algunos actores de la derecha venezolana y argentina que podría ser la punta de un ovillo muy importante para futuras investigaciones.
Algunas hipótesis sugieren que la falta de apoyo a la candidatura de Alberto Fernández por parte de Pdvsa Argentina en las últimas elecciones presidenciales habría sido el punto de quiebre que agudizó las tensiones internas, con algunos miembros del entorno de Nicolás Maduro y figuras de la derecha argentina en la mira.
El hecho habría sido denunciado por la propia embajadora venezolana en Argentina, Stella Lugo, a las autoridades en el Palacio Miraflores y hoy el tema sería motivo de investigación.
Desde 2019 que la directiva de Caracas era cerrar la compañía. Durante los últimos años, la empresa no ha presentado balances contables y se encuentra sumida en una total falta de supervisión externa con cuentas bancarias bloqueadas y la mayoría de sus activos embargados.
Llama la atención como semejante empresa tampoco ha contratado a un estudio contable de fuste para regularizar sus finanzas y un estudio de abogados como supo hacerlo en sus épocas doradas. Hoy la compañía declara «cero movimientos contables», algo que resulta totalmente inverosímil.
Desde hace años aseguran allegados a la empresa que el área contable ingresó en una suerte de «agujero negro» del que no se sabe absolutamente nada y la información llega a «cuenta gotas».
Trascendió que la empresa habría contratado a un estudio de abogados, Salas Mercado, sin ningún antecedente en el sector hidrocarburífero, pero aparentemente con estrechos vínculos con un sector importante de la derecha venezolana y argentina, cuya función principal sería destrabar algunos de los cientos de juicios de ex empleados contra Pdvsa Argentina y en otros casos estirar los plazos de sentencia.
Sin dinero en las cuentas bancarias y con la mayoría de los activos embargados, los trascendidos indican que la empresa estaría operando bajo un sistema de «caja negra», sin un auditor externo que se encargue de llevar las cuentas, y manejando operaciones informales como el ingreso de criptomonedas a través de Paraguay, lo cual complica aún más la fiscalización y fomenta la evasión fiscal.
La cifra podría rondar los U$S 2 millones, aunque no hay información oficial al respecto.
Anteriormente se supo que el ingreso de dinero se hacía por medio de Pdvsa Bolivia, pero desde la detención de María Palacios detenida en la frontera con un bolso cargado con más de U$S 100.000 destinados a Pdvsa Argentina, los directivos optaron por otras formas de financiamiento, para evitar sospechas.
Un dato curioso es que pese a las acusaciones y las múltiples denuncias por irregularidades, la Unidad de Información Financiera (UIF) tampoco ha tomado cartas en el asunto lo que plantea interrogantes sobre la falta de intervención estatal en un caso de tal magnitud.
Mientras tanto, los especialistas advierten que Pdvsa Argentina ha sido incapaz de resolver su crisis económica, con una estructura mínima de personal y sin producir ninguna actividad significativa en el país, más allá de una estación de servicio en San Isidro que opera de manera precaria.
En el medio de este contexto aparecen algunos actores clave que hoy siguen teniendo mucha injerencia en el manejo de la compañía, como el caso de Ronny Romero, Vicepresidente de Asuntos Internacionales de PDVSA; Diego Capraro, Presidente del directorio de las empresas Navieras Conosur S.A. y Fluvialba Paraguay S.A., y Lay Higuera, Gerente legal de PDVSA América y vicepresidencia de Asuntos Internacionales de PDVSA, y el propio Carlos Alberto Corredor, ex presidente de PDVSA Argentina, recientemente despedido.
Algunas hipótesis, que por ahora solo son rumores, indican que el objetivo de máxima es desvalorizar los activos de la empresa para venderlos a empresarios cercanos al gobierno argentino, aunque estas informaciones no han sido verificadas ni constatadas por ninguna de las fuentes consultadas, con lo cual podrían tratarse de meras especulaciones.
Floja de papeles
Mientras tanto, Pdvsa Argentina continúa operando sin ningún tipo de control o intervención por parte de los organismos de fiscalización del Estado nacional, como ARCA, la UIF, la Inspección General de Justicia o la Secretaría de Competencia.
«Esto ha generado fuertes sospechas sobre la existencia de un nivel de impunidad elevado, donde incluso se habla de posibles connivencias entre los servicios de inteligencia de ambos países que podrían estar facilitando que esta situación continúe sin cambios. En otros casos menos graves, empresas en una situación financiera similar ya habrían sido intervenidas», explican los expertos consultados.
Y aclaran que «el hecho de que Pdvsa Argentina no haya solicitado un concurso de acreedores en todos estos años plantea dudas sobre los motivos detrás de su falta de acción formal para regularizar su situación. Un concurso de acreedores, que podría haber sido una salida para reestructurar las deudas y permitir la continuación de las operaciones, nunca fue solicitado. Esto puede deberse a diversas razones, incluyendo el deseo de evitar un proceso judicial largo y complicado, o el temor a que esto afectara las relaciones políticas entre los gobiernos de Venezuela y Argentina».
Recientemente un artículo del medio Paraguay Fluvial & Logística denunció una serie de irregularidades entre Pdvsa Paraguay S.A., Fluvialba Paraguay S.A. y Naviera Consur S.A. que apuntan a posibles fraudes, lavado de dinero y explotación laboral en las operaciones de estas empresas, que se encuentran en quiebra y abandono. El conflicto entre Paraguay y Venezuela se ha intensificado debido a una deuda pendiente de US$ 300 millones con Pdvsa.
Como un secreto a veces se sabe que gran parte de la información referente a las actividades de estos actores no llega a Venezuela, ya que llega distorsionada a Caracas para evitar que la presidencia de Pdvsa o las autoridades venezolanas tomen medidas pertinentes.
La trama de las cripto
Según informaron en off, la trama también involucraría el uso de criptomonedas (información que no ha sido confirmada oficialmente) para evadir el sistema fiscal, una estrategia que ha permitido a los involucrados ocultar la magnitud de las operaciones ilegales que han llevado a cabo.
Por ello, desde sectores ligados al chavismo aseguran que los cambios recientes como el nombramiento de Kamal Elchiriti como presidente de Pdvsa Argentina, son una respuesta a las denuncias en torno a estas actividades, aunque la lucha interna sigue siendo complicada por las estructuras de corrupción que persisten.
A pesar de no tener operaciones ni negocios en Argentina desde hace años, la empresa sigue existiendo en un espacio de oficinas alquilado en Reconquista 1166, en el barrio porteño de Retiro en Buenos Aires.
En esas instalaciones trabajan solo tres empleados, quienes se ocupan principalmente de recibir demandas laborales, organizar audiencias de testigos y responder a notificaciones del ARCA. Hasta el año pasado la empresa tenía activos embargados y deudas judicializadas que superaban los US$ 28 millones.
Los activos de Pdvsa Argentina superaban en algún momento los US$ 64 millones, pero los pasivos superaban los US$ 50 millones. A pesar de los esfuerzos por evitar la disolución, los números siguen sin cuadrar.
Las demandas laborales por más de 170 despidos masivos que la compañía realizó en años anteriores muchos de ellos siguen sin resolverse y la mayoría de los empleados despedidos aún no han cobrado sus indemnizaciones, y algunos han cobrado la mitad o la tercera parte de la demanda inicial.
Desde 2017, cuando Estados Unidos impuso sanciones económicas a Venezuela, PDVSA Argentina y sus empresas asociadas como Fluvialba y Petrolera del Cono Sur (PCSA) se vieron gravemente afectadas. Las sanciones limitaron las posibilidades de la empresa de recibir fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones, lo que derivó en un cese de operaciones y el posterior deterioro de su situación financiera.
Sin liquidez y sin operaciones
Las operaciones de Pdvsa Argentina han sido prácticamente paralizadas. Las estaciones de servicio que la compañía posee en el país llevan años inactivas y, en muchos casos, se encuentran en completo abandono. Además, la planta de almacenamiento en Dock Sud perdió su concesión en 2019, sumando más complicaciones a la ya compleja situación operativa.
Asimismo, estiman que las embarcaciones fluviales de Fluvialba, que operaban en la Hidrovía Paraná-Paraguay, se encuentran en un estado de obsolescencia operativa. La falta de inversión y el impacto de las sanciones económicas han dejado a las embarcaciones de la empresa en su mayoría inactivas.
En Venezuela, la crisis de PDVSA también ha golpeado a los altos cargos de la petrolera. El nuevo presidente de Pdvsa en Venezuela es Héctor Obregón, un abogado que fue agregado al directorio ejecutivo de la empresa en 2023. Obregón reemplazó a Tellechea en un contexto de creciente inestabilidad dentro de la empresa, tanto a nivel financiero como operativa.
Por su parte, Carlos Alberto Corredor, ex presidente de la filial argentina, enfrenta serios cuestionamientos por su gestión. En particular, se lo estaría acusando de decisiones negligentes en el manejo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, uno de los corredores fluviales más importantes de Sudamérica.
Lo cierto es que la situación de PDVSA Argentina se ha tornado cada vez más incierta. La quiebra inminente parece cada vez más probable, ya que no hay una estrategia clara para la recuperación de los activos ni de las operaciones.
El nombramiento de Kamal Elchiriti, un hombre del riñon de Maduro, como presidente de Pdvsa Argentina es, en muchos aspectos, un desafío casi monumental. Su tarea, para muchos no solo consiste en hacer frente a las dificultades económicas y judiciales de la empresa, sino también en lidiar con la incertidumbre política que se cierne sobre el futuro de las relaciones entre Argentina y Venezuela, y transparentar la situación de la filial venezolana en Caracas.
Fuentes cercanas al nuevo presidente aseguran que su principal objetivo sería reestructurar las operaciones de la filial en Argentina y hacer frente a los reclamos laborales que han crecido en número y complejidad en los últimos meses.
Con más de 200 expedientes judiciales pendientes y sin una estructura operativa estable, la filial argentina de Pdvsa sigue al borde del colapso, pero pese a la incapacidad para cumplir con las sentencias judiciales y la falta de recursos financieros la empresa sigue operando y recibiendo dinero desde el exterior, en este caso desde Paraguay.
La gran pregunta que se hace la industria es adónde se destina la mayor parte del dinero recibido a una empresa que está virtualmente en bancarrota y para qué.
Crédito Daniel Barneda, Colega.
