Ante la falta de acuerdos sobre el presupuesto 2025, se acrecientan las chances de que se produzca una segunda prórroga consecutiva, algo inédito en la historia reciente de Argentina. Frente a esta posibilidad cabe preguntarse en qué consiste la prórroga, cómo se ha aplicado en las últimas décadas y qué implicancias ha tenido en la calidad de nuestra democracia. |
Si se confirma la falta de acuerdo en el Congreso, sería la primera vez desde el retorno de la democracia que se produce una segunda prórroga consecutiva. Este mecanismo, que debería ser excepcional, se está convirtiendo en una práctica habitual, desplazando uno de los procesos deliberativos más importantes de la vida democrática: la discusión del presupuesto nacional. El presupuesto no es un simple instrumento técnico; es la expresión más tangible de las prioridades políticas, económicas y sociales de un gobierno. Al aprobarlo, se define qué actividades serán promovidas, qué problemas serán atendidos y qué sectores recibirán apoyo. Este proceso, además, no pertenece al Poder Ejecutivo; es una construcción colectiva que involucra al Congreso, a la sociedad civil y, en última instancia, a todas y todos los ciudadanos. En Argentina, la Constitución otorga al Congreso la atribución de fijar anualmente el presupuesto de la administración, con el objetivo de fortalecer la división de poderes, y asegurar que el Poder Legislativo tenga un rol central sobre el manejo de los fondos públicos. Las prórrogas deberían ser un recurso excepcional pero su aplicación se ha vuelto frecuente: se produjeron 4 en los últimos 15 años. Esta discrecionalidad se agrava en contextos de inflación, que exige continuas actualizaciones de los montos presupuestarios. Entre el último presupuesto aprobado por el Congreso en 2022 y la actualidad, el 70% del crédito se amplió de manera discrecional mediante Decretos de Necesidad y Urgente y Decisiones Administrativas. Si los aumentos hubieran sido proporcionales a la inflación, se habría respetado la distribución original aprobada a fines de 2022. Sin embargo, al realizarse de forma discrecional, el Poder Ejecutivo determinó las asignaciones según sus propios criterios, sin debate legislativo. Por eso “la foto” del presupuesto inicial para 2025 -producto de una doble prórroga- resulta muy diferente al último aprobado por el Congreso. Numerosas políticas se vieron afectadas por una falta de financiamiento adecuado, ya que no se ajustaron las partidas correspondientes para compensar el impacto de la inflación, sin que esto fuera objeto de debate en el Congreso. Por ejemplo el programa ACOMPAÑAR tiene en términos reales 90% menos de recursos que lo aprobado en 2023, el programa de prevención del embarazo adolescente (Plan ENIA) el 80%, y la construcción y mejora edilicia de jardines infantiles el 80%. La discrecionalidad que permite la prórroga reduce los incentivos para que el Poder Ejecutivo busque acuerdos en el Congreso para la aprobación de un presupuesto. La exclusión del Poder Legislativo implica un obstáculo adicional para que las demandas de la sociedad civil puedan ser escuchadas y de este modo, el Gobierno tiene amplio margen para moldear el presupuesto de acuerdo a sus propias prioridades de política económica. Para reducir los niveles de discrecionalidad es necesario modificar las normas que regulan bajo qué condiciones pueden proceder las prórrogas presupuestarias, principalmente en tres aspectos. Limitar el uso de los DNU para reasignar partidas.Agregar pautas que delimiten las condiciones bajo las cuales se permiten las prórrogas presupuestarias.Establecer mecanismos de actualización presupuestaria cuando se establezcan prórrogas que aseguren una continuidad en las prioridades del último presupuesto aprobado por el Congreso. Más allá de estas reformas de fondo, antes de prorrogar el presupuesto es necesario agotar todas las instancias de debate democrático disponibles en la actualidad. La aprobación del presupuesto debería ser el resultado de una deliberación entre representantes que canalizan las distintas demandas sociales. Gobernar con presupuestos prorrogados reduce ese espacio de debate, debilitando el rol del Congreso y concentrando mayor poder en el Ejecutivo. |