Este informe -realizado por ACIJ, CELS, CONICET CEUR, IDAES-UNSAM, el Instituto de Geografía Romualdo Ardissone (UBA), y el apoyo de Contested Territories- continúa la serie comenzada en 2020 y provee datos estadísticos respecto de la situación de los hogares inquilinos en el AMBA. Los resultados revelan que, a seis meses de la derogación de la ley de alquileres, primer punto del decreto 70/2023, las condiciones de alquiler en el principal aglomerado urbano del país empeoraron en casi todos los aspectos. Además, la situación económica de esta población se vuelve cada vez más frágil.
Los resultados de la encuesta muestran que, ya antes de la derogación, la mitad de los contratos de alquiler no respetaban la ley vigente. Sin embargo, desde la derogación, las condiciones contractuales empeoraron aún más. Por ejemplo, desde 2024 los hogares inquilinos firman contratos por períodos más cortos. El porcentaje que firmó contratos por tres años de duración, el plazo establecido por la ley derogada, se redujo a la mitad: del 40% al 20%.
La disminución de los contratos, la reducción de la duración de los contratos y los incrementos más frecuentes del precio de alquiler aumentan respecto al año anterior. Desde 2024 el porcentaje de hogares que pudieron pactar aumentos anuales se redujo del 26% al 7% y el de quienes debieron aceptar aumentos trimestrales aumentó del 26% al 46%. Esto se refleja en los resultados respecto de las expectativas habitacionales: aumentaron diez puntos porcentuales los hogares que piensan que van a vivir en una vivienda igual o peor que la actual, respecto al 2022.
Por otro lado, la encuesta muestra una situación económica cada vez más precaria de la población inquilina. El 62% de los hogares inquilinos declara ingresos por debajo de la línea de pobreza. Además, casi el 40% destina más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler (seis puntos porcentuales más que el año pasado), el 60% está atrasado con el pago de los servicios básicos de los hogares y aumentó, también seis puntos porcentuales, la cantidad de hogares que se endeudó para poder pagar el alquiler. Los hogares sostenidos por mujeres se encuentran más endeudados con empresas, bancos, comercios y familiares.
Este cuadro no puede disociarse de la decisión del gobierno nacional de quitar subsidios y habilitar aumentos de los bienes y servicios esenciales del sostenimiento de la vida. El costo total de los servicios se incrementó un 374% desde diciembre pasado, explicado principalmente por las actualizaciones de las tarifas del transporte, la energía eléctrica, el agua y el gas.
A partir de la liberalización del mercado de alquileres ya no existen plazos mínimos, moneda, ni frecuencia de actualización obligatorios por ley. Mientras que en otras ciudades del mundo se aplican medidas que protegen a la parte más débil de la relación contractual, el actual gobierno nacional dispuso una radical desregulación del mercado de alquileres y, como gestiones anteriores, omite toda política en beneficio de la población inquilina. Esto, según los datos relevados, repercute sobre los marcos mínimos de previsibilidad con los que debería contar un sector cada vez más numeroso y que tiene cada vez más dificultades para acceder a una vivienda digna.
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