El gobierno porteño no le cobrará durante 8 años el canon a la concesionaria del Paseo Gigena. Se trata de una empresa vinculada al ministro de Economía, Luis Toto Caputo y su socio, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
En el gobierno porteño responsabilizan al larretismo por el desventajoso acuerdo. En efecto, se cruzan en la iniciativa, signada por conflictos de interés desde el inicio, poderosos nombres del larretismo como el ex vicejefe, Diego Santilli; el actual secretario de Desarrollo Urbano, Alvaro García Resta y el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Como contó LPO, Toto presionó en los últimos meses para que la Ciudad habilite la explotación del Gigena, problematizada porque los concesionarios no quisieron hacer la obra estructural necesaria para evitar posibles daños sobre el caño maestro de Aysa que pasa bajo el emprendimiento. En esa presión lo acompañó el empresario libertario Pierpaolo Barbieri, que tiene previsto mudar al Gigena las oficinas de su empresa Uala.
Que el ministro que presiona al gobierno porteño sea el mismo que desconociendo un fallo de la Corte Suprema, le pisa la deuda de más de 600 mil millones que la Nación tiene con la Ciudad por la Coparticipación, no parece ser un tema menor. Y que su socio en el emprendimiento sea el presidente del Banco Central que debe entregar los dólares necesarios para que los estados subnacionales puedan pagar sus deudas externas, tampoco.
Caputo y Bausili, consiguieron a través de su consultora Anker la mayor parte de los fondos para financiar la obra asociados con BSD Investments, una desarrolladora muy ligada al larretismo. El ministro de Economía es amigo personal de Larreta.
El proyecto había estuvo frenado durante meses por el problema con Aysa. Debajo del moderno edificio que tendrá el metro cuadrado de alquiler más caro del mercado, pasa el caño de agua potable más importante de la Ciudad. La concesionaria hizo una obra menor para apurar la inauguración y por eso Caputo tuvo que ejercer presión política para que lo habiliten, porque el riesgo de un accidente mayor sigue abierto.
El movimiento de ese caño fue el eje de una controversia entre AySA, la concesionaria y estado porteño. Horacio Rodríguez Larreta había incluido las obras en el presupuesto 2024, pero Jorge Macri se negó a pagar los más de 3 mil millones de pesos que demandaba el proyecto.
Ahora, tras meses de discusiones, será la Ciudad quien cargue con ese muerto. La ex secretaria de Obras, Manuela López Menéndez, acordó que el gobierno porteño se comprometiera a hacer la obra. La funcionaria es muy cercana a Guillermo Dietrich y antes de dejar su cargo firmó un documento que no dejó margen de maniobra.
En un principio la concesión iba a ser por 15 años prorrogables por otros 5 más, pero en 2023 el gobierno cambió los términos y el predio quedará por 20 años en manos del privado.
Estaba previsto que los concesionarios abonaran mensualmente 200.893 unidades de compra, el equivalente a 62 mil dólares, o el 7% de lo recaudado como canon. Entre las dos opciones se elegía la que fuera más conveniente para la Ciudad.
Lo llamativo es que la concesionaria no pagará el canon durante ocho años. Ese fue el convenio que Álvaro García Resta impulsó con BSD Investments en marzo del año pasado para «compensar» a la empresa. El documento fue suscripto por AySA, BSD y el gobierno porteño. En el equipo de Jorge Macri aseguran que solo cumplieron con lo firmado por la gestión anterior.
A medida que se atrasó el proyecto, la cuestión del caño se volvió central en las negociaciones. Los concesionarios terminaron por agregar pilotes para disminuir el peso de la estructura de hormigón sobre los caños, una solución muy precaria, que no estaba contemplada en el proyecto inicial.
Ese imprevisto tuvo varias consecuencias: la más importante fue la construcción de una servidumbre de paso que terminó reduciendo en un 50% la superficie comercial de la planta baja del edificio. «Es como comprar una casa de 100 metros y que después de firmar te digan que tiene 50», graficó un arquitecto. Es por eso que el gobierno terminó aceptando una importante reducción del canon.
El argumento para que el gobierno porteño financie el corrimiento del año es que el Gigena será propiedad de la Ciudad dentro de dos décadas y por eso el estado porteño debe pagar la obra. El compromiso es que esté licitada antes de 2026, pero los plazos de ejecución podrían extenderse.
Jorge Macri logró negociar una cláusula por la cuál los concesionarios no puedan demandar al estado si hay algún inconveniente derivado de los caños de agua, como el que ocurrió en abril de 2017 y convirtió a la avenida Dorrego en una pequeña laguna.
En el entorno del jefe de Gobierno no disimulan su bronca con el presente griego que les dejó la gestión de Larreta, que diseñó un negocio que parece hecho a medida de los privados.
Un negocio que tiene a García Resta en el centro. El actual secretario de Desarrollo Urbano es de los pocos sobrevivientes del larretismo en el gobierno porteño y fue el principal interlocutor con los concesionarios y el mayor promotor del proyecto. Las decenas de fotos y comentarios que el funcionario subió sobre el Paseo Gigena levantaron sospechas. En Parque Patricios incluso sostienen que le pagó a influencers para promocionar la iniciativa.
En la Legislatura apuntan contra BSD, la concesionaria del proyecto. Para conseguir los fondos BSD se asoció con Anker, la consultora de Toto Caputo y Santiago Bausili. En el proyecto también interviene Coinsa, la constructora de Martín Maccarone. Todos son viejos conocidos: la inversora del ministro de Economía y del presidente del Central, Axis, funcionó durante años en un edificio perteneciente a Coinsa, según publicó El DiarioAR.
Crédito completo; Colegas de La PolíticaOnLine
