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Un decreto del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, establece una importante reducción de los montos que los vecinos porteños deben pagar por la gestión judicial a los mandatarios para la regularización de deudas con la Ciudad en servicios como ABL, Patentes o Ingresos Brutos.
«El objetivo de estas medidas es encontrar mecanismos más equilibrados, más justos, para que los vecinos puedan ponerse al día con deudas que tienen con la Ciudad, deudas morosas que han contraído, pero que tienen que ver también con el contexto económico en el que vivimos», dijo Jorge Macri en la sede comunal 12 junto al ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el Procurador de la Ciudad, Martín Ocampo, y Germán Krivocapich, coordinador general de AGIP.
En la Ciudad hay unos 657 mil juicios de la AGIP que están involucrados en la operatoria judicial con mandatarios.
El Jefe de Gobierno sostuvo que “la cultura de pago y cumplimiento de los impuestos en la ciudad de Buenos Aires es muy alta, pero cuando hay crisis profundas, muchos, muchas veces, tropiezan y quedan con deudas”, y advirtió que “eso generaba un mecanismo, complejo y a veces hasta injusto, sobre todo en lo que hace a deudas pequeñas”.
La decisión apunta a aportar soluciones al régimen vigente, que ha provocado que muchos vecinos terminen sumando sumas desproporcionadas por estas gestiones judiciales llevadas adelante por los mandatarios. En algunos casos, incluso, con cifras de honorarios que han superado en un 260 % a las deudas.
Y la solución es además la respuesta a un compromiso asumido con los vecinos por Jorge Macri, quien sostiene que los trámites deben ser simples y rápidos. La simplificación del Estado es parte del compromiso del Gobierno con todos los vecinos para ayudarlos a enfrentar futuras deudas.
El Jefe de Gobierno explicó lo que suele suceder con este tipo de deudas cuando se judicializan: «Llega la intimación e interviene un mandatario que tiene un mecanismo de honorarios que no dependía de nosotros, sino de lo que define el sistema judicial, que se llama UMA, y que generaba distorsiones muy grandes».
«Por ejemplo, un vecino con una deuda de $ 50 mil, tiene que pagar una suma de hasta $ 235 mil por la actualización de las unidades UMA», afirmó y subrayó: «Ahora estamos cambiando ese sistema y estamos poniéndole un criterio de porcentaje. Esto significa que el porcentaje que se va a pagar al mandatario es del 20 %. Si debés $ 50 mil, vas a pagar $ 10 mil por esa deuda, lo que es absolutamente razonable».
Hoy los vecinos que tienen deudas con el Gobierno de la Ciudad en servicios, como ABL, Patentes e Ingresos Brutos, son asignados a un mandatario para que lleve adelante la gestión judicial para cobrar la deuda.
El mandatario tiene garantizado un mínimo de honorarios sujeto a la Unidad de Medida Arancelaria -UMA, hoy de $ 68.285- y ese valor ha ido distorsionando la proporción entre la deuda y el costo por el trabajo realizado que se fue volviendo muy superior a la deuda.
El decreto con los cambios fue publicado en el Boletín Oficial.
El cambio que impulsa el decreto del Jefe de Gobierno impone un tope y que se paguen montos razonables en concepto de honorarios. Si el honorario es mayor que la deuda, se le pone un tope: no podrá ser más del 20 %.
Otro punto importante que se modifica es que a partir de ahora se unifican todas las deudas en un solo reclamo judicial y se pagará honorarios a un solo mandatario. Hasta ahora si alguien tenía deudas de tres servicios distintos era derivado por la AGIP a tres mandatarios distintos.
A modo de ejemplo, si se toma como referencia una deuda de patentes con obligaciones impagas durante tres años, 2020, 2021 y 2022, con montos estimativos de $ 50 mil por año, un vecino hoy tiene que afrontar tres juicios distintos, que son asignados a tres abogados diferentes. Y debe abonar a cada uno de ellos el honorario mínimo estipulado.
Con la nueva disposición pagará lo que corresponde por la deuda, pero el valor de los honorarios se reduce a $ 120 mil.
Asimismo, a través de una disposición de la AGIP se elevan los montos mínimos de deudas judicializables, que son las que toman los mandatarios. En el caso de los impuestos de Inmobiliario/ABL y Patentes, el monto mínimo actual es de $ 148.900 y se propone elevarlo a $ 200 mil, un 34 % más.
Simultáneamente se enviará un proyecto de ley a la Legislatura tanto para elevar esos montos mínimos de deudas judicializables como para la condonación de deudas de muy menor valor cuya ejecución resulta antieconómica para la Ciudad.
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