El Gobierno prepara un decreto de necesidad y urgencia para adecuar la normativa vigente contra el lavado de dinero que dispondrá que los abogados serán sujetos obligados a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes.
Actualmente, la lista de sujetos obligados incluye a los bancos, las financieras, las concesionarias de autos y las aseguradoras, entre otros responsables de reportar las operaciones de sus clientes cuando su perfil económico no se condice con sus inversiones.
El DNU se conocerá antes del 6 de marzo, cuando un equipo evaluador del Grupo Internacional de Administración Financiera (GAFI) llegará al país. Durante 20 días, los enviados se reunirán con todos los poderes del Estado y con el sector privado, para valorar si el país cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el viceministro, Sebastián Amerio
EL GAFI examinará las políticas antilavado del país. Como el presidente Javier Milei no prorrogó las sesiones extraordinarias, no se realizará el 23 de febrero el encuentro del Senado para aprobar las reformas a la ley antilavado que propone el GAFI para pasar el examen. Entonces, el gobierno decidió recurrir a un decreto de necesidad y urgencia, dijeron altas fuentes del Poder Ejecutivo a LA NACION.
Mientras tanto, el actual titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la Argentina, Ignacio Yacobucci, participa en París del plenario del GAFI que culminará el viernes próximo. Yacobucci superó la audiencia oficial y formalizó su designación esta semana, cuando su nombramiento se publicó en el Boletín Oficial.
Al margen del primer plenario del año, los funcionarios participarán de una serie de reuniones en los grupos de Desarrollo de Políticas (PDG), Evaluaciones y Cumplimiento (ECG), Riesgo, Tendencias y Métodos (RTMG), Revisión de Cooperación Internacional (ICRG), y Coordinación de la Red Global (GNCG).
Participan del encuentro, además, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; Marcelo Ruiz, asesor del Ministerio de Justicia; Jimena Zicavo, coordinadora nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y el expresidente de la UIF Juan Carlos Otero, entre otros funcionarios.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto al juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky
Milei no prorrogó las sesiones extraordinarias y eso sorprendió a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los senadores porque habían convocado a una sesión el 23 de febrero. Ese día, planeaban sancionar una ley, que ya venía con media sanción desde el kirchnerismo, para aprobar modificaciones que exige el GAFI antes de su visita. El propósito es evitar que la Argentina sea puesta en una lista negra de países que no combaten el lavado de dinero del terrorismo y del narcotráfico.
La revisión de marzo dura entre dos y tres semanas en la Argentina, pero hay una evaluación en junio y una definitiva en octubre, cuando se ponen las calificaciones finales.
Las principales modificaciones se plantea el GAFI para la Argentina son :
La evaluación del GAFI de octubre será la cuarta desde su creación, en 1989. La decisión la tomará el plenario del organismo se reúna en París para resolver si aprueba o no el Reporte de Evaluación Mutua de la Argentina.
La última revisión que realizó el GAFI en la Argentina fue en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y el país no tuvo una buena nota: fue incluido en la lista gris porque se consideró que en aquel momento no cumplía con los estándares exigidos por el GAFI, es decir, presentaba un sistema de prevención débil contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Quedó bajo observación. La aprobación de la revisión del GAFI es esencial para estar alineado con la política norteamericana contra el terrorismo y el lavado dinero, clave para la política exterior del gobierno de Milei.
El proyecto de ley que se preveía tratar en el Senado fue enviado por el gobierno de Alberto Fernández y aprobado en Diputados en 2023, aunque el cristinismo lo frenó después en la Cámara alta. Recién el 7 de febrero pasado, tras negociaciones entre La Libertad Avanza y el radicalismo, el Pro, los peronistas de Unidad Federal y legisladores provinciales, el oficialismo aprobó el dictamen de la iniciativa en un plenario que realizaron las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda. Tras la decisión de la Casa Rosada de no prorrogar las sesiones extraordinarias y la imposibilidad de convocar a una sesión especial, el DNU es la única salida, dijo una alta fuente oficial.
Crédito:
El Gobierno prepara un DNU que obliga a los abogados a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes
byu/Jauretche inargentina
