La pandemia y la suspensión de clases presenciales durante 2020 y buena parte de 2021 evidenciaron y profundizaron situaciones de desigualdad entre las niñas, niños y adolescentes que accedieron a dispositivos electrónicos y conexión a internet y quienes no contaron con estos recursos para sostener su escolaridad.
El Estado Nacional reconoció la gravedad de este problema y -en el marco del Programa Conectar Igualdad- se comprometió a entregar, durante 2022, más de 1.5 millones de computadoras a estudiantes de escuelas secundarias, priorizando aquellas que registraran mayor cantidad de alumnos y alumnas con dificultades para seguir estudiando. Asimismo, el Ministerio de Educación se había comprometido a alcanzar la conectividad pedagógica -entendida como la conexión a internet de cada espacio de enseñanza- en el 90% de las escuelas del país. Para ello, en el presupuesto nacional había asignado más de 90 mil millones de pesos, lo que lo convertía en el programa educativo con más financiamiento luego del orientado a la educación superior.
Sin embargo, el programa Conectar Igualdad sufrió una serie de recortes. De los fondos asignados (más de 90 mil millones), sólo se ejecutaron 43 mil millones, es decir, un 47,7%. Esto explica que no se hayan alcanzado los objetivos que el Estado se había propuesto. De acuerdo a la respuesta del Ministerio de Educación de la Nación, el año pasado se habrían repartido 610.530, lo que equivale a un déficit de 889.470 computadoras para estudiantes de nivel secundario de gestión estatal. Si se toman los datos presentes en las rendiciones de cuentas presupuestarias, la cantidad de dispositivos desciende a 385.000, lo que implicaría un déficit todavía mayor, además de revelar un problema de consistencia entre los datos que el Estado hace públicos por diferentes vías.
Por su parte, el Ministerio de Educación, cuyo objetivo para 2022 era asegurar conectividad de 45.343 de las 50.382 unidades educativas existentes a finales de 2021 (90%), solo garantizó conexión a 28.479 de ellas, un 56,5% del total. Por lo tanto, el déficit de los objetivos trazados por la política pública fue de más de 16.800 escuelas.
Debe recordarse que las falencias de las políticas públicas en materia de conectividad educativa no son nuevas. A la discontinuidad del programa Conectar Igualdad entre los años 2017 y 2019 se le sumaron las complejidades de la pandemia de 2020 y los incumplimientos y subejecuciones del año 2021. En definitiva, todavía resta realizar importantes esfuerzos para tener un programa estatal consolidado y efectivo en esta materia.
Para lograr el cumplimiento de la Ley de Educación Nacional 26.206 y los compromisos asumidos por el Presidente de la Nación para 2023 de lograr distribuir 1.2 millones de computadoras y conectar a las escuelas restantes, es indispensable que el Estado ejecute los recursos previstos y cumpla con brindar equipamiento tecnológico y conexión a internet en las escuelas, especialmente aquellas localizadas en barrios populares y áreas rurales, donde existen grandes dificultades en el acceso a estos derechos.
Lo que se hizo evidente con la pandemia, y sigue resultando urgente, es la necesidad de garantizar que niñas, niños y adolescentes accedan a los recursos digitales necesarios para sostener y fortalecer sus trayectorias escolares. Exigimos por parte del Estado el cumplimiento de sus responsabilidades para asegurar el ejercicio del derecho básico a una educación de calidad y en condiciones de equidad.
* Los pedidos de acceso a la información fueron presentados ante el Ministerio de Educación de la Nación por un grupo de organizaciones, entre las cuales se encuentran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Amnistía Internacional, Conocimiento Abierto y Media Chicas.
