La decisión de Sergio Massa de pesificar los bonos del Fondo de Garantía de la ANSES constituye, a todas luces, una apropiación de recursos de los ciudadanos.
En el reinante (y creciente) analfabetismo cívico de nuestro país, se hace necesario explicar lo evidente: el dinero de dicho fondo no pertenece al Estado. Es dinero de los jubilados, que aportaron durante sus años de actividad a cambio de un ingreso digno en su vejez.
El Estado lo tiene en guarda, y tiene la obligación de cuidarlo, preservarlo y hacerlo crecer. Cualquiera que haya vivido en Argentina durante los últimos 40 años sabe que cambiar dólares por pesos no puede ser, jamás, una inversión conveniente.
Cuando el ministro Massa decide malvender esos bonos para tapar los agujeros de su pésima gestión, se está apropiando de dinero ajeno.
Dicha acción, aún cuando en un sistema tan distorsionado como el nuestro pueda resultar legal, es a todas luces ilegítima: constituye una expropiación de hecho. Sus víctimas son, como es habitual, las más indefensas. Que estemos tristemente acostumbrados a tales manejos no lo hace menos grave.
Si no le ponemos un alto, de una vez por todas, seguirá ocurriendo.
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