Mi nombre es Manuela Calvo, soy Lic. en Comunicación Social, feminista y estoy siendo criminalizada por investigar periodísticamente un caso de abuso sexual en la infancia.
Actualmente tengo dos imputaciones penales, en junio allanaron mi casa y secuestraron mis herramientas de trabajo y cotidianamente mi familia y yo padecemos el acecho del entorno del denunciado por los abusos sexuales hacia una niña.
Muchísima gente hoy habla del caso, pero la única periodista que investigó en profundidad accediendo a los expedientes y entrevistando al entorno denunciante de los abusos cuando la sociedad riojana solo conocía el relato de la defensa del denunciado, es justamente la única periodista con una orden judicial que le impide hablar del caso.
No es casualidad que esta orden judicial haya sido interpuesta sin derecho a defensa por el progenitor de la menor quien tiene especial interés en silenciar a su hija y al entorno materno para lograr la impunidad de los delitos que estás denuncian. Tampoco es casualidad que quienes lucran con la impunidad de los pederastas prefieran que yo no hable de lo que atenta contra su millonario negocio. Ni que un abogado anti derechos entrara al caso para que su primera acción sea lograr ejercer censura previa en mi trabajos de investigación que expondría cómo se utiliza la violencia simbólica y mediática para revestir ante la opinión pública de falsa denuncia todo lo que las infancias relatan y desestiman con la herramienta del inexistente síndrome de alienación parental.
Ahora me sumaron una nueva imputación penal, me acusan de manipular a la niña para obstruir el vínculo, acusación que realiza la familia del denunciado por los abusos que sistemáticamente desestima públicamente lo que la niña expresa y en ese proceso me atribuye a mi responsabilidad de algo que sucede desde mucho antes de que yo comenzara mi investigación. Las personas responsables de lo que la niña viene viviendo en materia de violencia institucional, también tienen un interés particular en silenciarme, pero sobre todo en atacar mi credibilidad como profesional.
Por eso tampoco es coincidencia que el asesor de menores Pablo Cubillo que representa a la niña y que ya ha sido escrachado públicamente por el movimiento de mujeres por su proceder en su función pública, haya sido quien le da entidad a lo que la niña relata en un material registrado por la familia paterna, cuando nunca antes le dio entidad a lo que la niña relata cuando lo presenta la familia materna. Esta persona que hoy sostiene que yo soy una criminal que atenta contra los derechos de una niña, es justamente el responsable de las decisiones tomadas en torno a las re vinculaciones forzadas que públicamente vengo señalando como tortura de manos del estado.
Mi criminalización favorece la impunidad de los abusos sexuales denunciados, al negocio de los que lucran con la impunidad de los pederastas, a los agentes judiciales que violan los derechos humanos a las niñeces que someten a sus agresores, y a su vez lesiona el derecho de la ciudadanía de acceder a información verídica y chequeada mientras padecen campañas de desinformación, pone en riesgo nuestra democracia y por sobre todas las cosas somete a las infancias que están siendo abusadas y miran por medios de comunicación el peso de denunciar las violencias que padecen.
La criminalización al periodismo de investigación por un caso de Abuso sexual en la infancia
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Están disponible los datos personales de Manuela Calvo, a la Institución que lo solicite.
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Carlos Yayo Hourmilougue.
