El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria; el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, y el presidente de BICE Fideicomisos, Jorge Tanús, aprobaron la implementación del Fondo fiduciario que permitirá asistir y reparar económicamente a víctimas de trata de personas.
Este fondo avanza en el resarcimiento material y económico a la víctima, para abandonar la situación de vulnerabilidad a través de la generación de posibilidades reales de progreso y estabilidad, y evitar así su revictimización.
En este sentido, Soria explicó que “este fondo permite que el dinero y los bienes que la Justicia le secuestra a las organizaciones que cometen estos delitos tan aberrantes, puedan ser directamente utilizados para restituir los derechos de las víctimas. Sin reparación, no hay justicia plena para las víctimas. En un delito tan rentable y con una vulneración de derechos tan grande, la restitución económica es fundamental”.
“Para nosotros es un orgullo realizar un aporte a través de instrumentos financieros a esta política pública nacional que tiene como objetivo proteger los derechos de las víctimas. Para construir un país desarrollado hay que diseñar esquemas de financiamiento que tengan como eje a la inclusión social”, sostuvo de Mendiguren.
En tanto, Tanús explicó que «el fideicomiso es una herramienta eficaz que garantiza la transparencia en la administración de los fondos y el destino efectivo a sus beneficiarios. Este es un importante avance para asegurar la reparación de las víctimas del delito de trata y explotación de personas».
Del encuentro institucional realizado en la sede del BICE, también estuvieron presentes el secretario de Justicia, Juan Martín Mena; la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, Gimena Del Río; y el gerente general del BICE Fideicomisos Alejandro Barredo.
Este avance tiene profundas implicancias en la lucha contra la trata. Por un lado, pone en ejecución un fondo originalmente previsto en la Ley Nº 26.842, aprobada en 2012, y luego reglamentado por la ley 27.508 de 2019, pero que hasta ahora no había sido instrumentalizado.
La puesta en funcionamiento del fondo amplía, además, el campo de acción y los ámbitos de participación del Ministerio de Justicia: a las tareas que realiza a través del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas, ahora suma la Unidad que coordinará la ejecución de las reparaciones.
En ese marco, el ministro Soria dispuso que Justicia realice una inversión inicial de $10.000.000 para la puesta en funcionamiento del Fondo, que luego se complementarán con los recursos provenientes de los bienes decomisados.
Las restituciones económicas serán ordenadas por la Justicia en las sentencias que se dicten en los casos de trata y explotación de personas. También podrá realizarse una venta anticipada de los bienes.
Además, la creación del fondo permitirá contribuir con la transparencia del proceso de decomiso, ya que las ventas de los bienes serán públicas y se realizarán a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
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