La Legislatura porteña aprobó este mediodía dos leyes propuestas por el Gobierno porteño que establecen exenciones impositivas a favor del sector privado de salud y en beneficio de comercios del rubro gastronómico.
Las exenciones se fundamentan en las consecuencias de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Una de ellas exime del pago de Ingresos Brutos a los comercios dedicados a la venta de bebidas y comidas, ya sea con servicios de mesa, al mostrador o al paso.
Con autoría de los diputados Sergio Abrevaya (GEN) y Marcelo Guouman (UCR/Evolución), se trata de una exención por los meses de mayo, junio y julio.
La medida surge para aliviar al sector gastronómico tras la implementación del Decreto Nacional 241/2021 “que dispone que los bares, restaurantes y locales comerciales en general deberán cerrar las puertas a las diecinueve horas (…) afectando seriamente su demanda y equilibrio económico”. Las medidas generan pérdidas en el sector ya que el horario nocturno representa un importante porcentaje en la facturación.
La Ley incluye a:
a) Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo
b) Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo
c) Servicios de «fast food» y locales de venta de comidas y bebidas al paso
d) Servicio de expendio de bebidas en bares
e) Servicio de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador.
f) Servicio de expendio de helados.
La segunda ley votada este mediodía, con autoría de la legisladora Ana María Bou Pérez (Vamos Juntos), establece que las clínicas y sanatorios de la Ciudad no tendrán la obligación de pagar las cuotas correspondientes a mayo y junio 2021 del impuesto de Ingresos Brutos por los servicios de internación.
El proyecto explica que dado el incremento de casos de coronavirus “resulta imprescindible colaborar con el mencionado sector y brindar alivio fiscal a los contribuyentes que desarrollan dichas actividades para que puedan seguir combatiendo y paliando los efectos adversos de la actual emergencia sanitaria”.
La medida, que fue apoyada casi por la totalidad de los legisladores porteños, alcanza a las actividades comprendidas como «Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental”, y apunta a “evitar un deterioro en la calidad de sus prestaciones y la saturación del sistema de atención médica y sanitaria por pacientes afectados por el denominado aludido COVID-19”.
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