Pobreza, más pobreza-Por Agustín Salvia-Conicet-UBA-UCA

Los efectos de las medidas adoptadas por el Gobierno para contrarrestar el avance del coronavirus tuvieron lugar bajo un particular escenario previo de estanflación, crisis de deuda y parálisis económica estructural. La situación social ya era crítica a finales de 2019. Ahora, el panorama es todavía más grave, y nada indica que mejore cualitativamente en los próximos meses.

La medida de aislamiento obligatorio se ha fundado en supuestos sobre la velocidad e intensidad de la pandemia y de su letalidad, así como de sus eventuales impactos económicos y sociales. Al igual que cualquier otra decisión de política pública, le corresponde a las ciencias sociales preguntarse sobre la pertinencia de las medidas, los alcances e impactos de éstas, los costos presentes y futuros de las decisiones adoptadas. Esta tarea tiene como finalidad, no la crítica en un contexto de comprensible incertidumbre, sino contribuir a mejorar los diagnósticos y las políticas que permitan organizar tanto el presente como el futuro de nuestra sociedad, así como también a extraer enseñanzas de más largo aliento de esta crisis pandémica.

Las diversas estimaciones coinciden en que la contracción será profunda, debido a los efectos globales y domésticos del nuevo escenario. El cierre de actividad socava la oferta agregada, mientras que la demanda se ve afectada por un mayor desempleo, menores ingresos y una creciente incertidumbre, lo que impulsa a una disminución del consumo privado. La inversión también se ve afectada por la volatilidad financiera y una perspectiva económica incierta, por lo que la economía parece atrapada en un círculo vicioso de disminución del consumo y menor empleo e ingresos. De materializarse una caída de 9,5% en el PBI (Banco Central), el PBI per cápita sería 16,2% menor que en 2017. Algunos especialistas proyectan una caída del PBI superior al 10%.

Empleo y pobreza

En el cuarto trimestre de 2019, el desempleo fue según el INDEC de 8,9% y el subempleo de 13,1%. De acuerdo con las proyecciones de la OIT realizadas sobre la base de distintos escenarios de caída del PBI, bajo una caída del 8,25%, se perderían entre 750.000 y 850.500 empleos en 2020. Para el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), durante el segundo trimestre del año se habrían perdido 300 mil empleos formales y más de 650 mil trabajos informales.

En materia de pobreza, la situación no es muy diferente. Según datos oficiales del INDEC correspondientes al 4° trimestre de 2019, la tasa de indigencia urbana ya afectaba al 8,7% de la población y el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza era de 38,4%. Según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social, a partir de datos del INDEC, la pobreza en la Argentina habría llegado al 44,7% en el segundo trimestre de 2020, mientras que la indigencia habría subido al 10,3% (última fila del Cuadro 2). Con igual metodología, al final del año pasado, la pobreza habría llegado al 38%, lo cual representaría 17 millones de habitantes. En este marco, la inseguridad alimentaria severa habría pasado de 7,5% a 14%. Esto incluso, a pesar de las importantes medidas de asistencia económica y alimentaria que pusieron en marcha el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

Con el temprano avance de la pandemia COVID-19, casi todos los países del mundo desplegaron esfuerzos presupuestarios significativos para morigerar el impacto recesivo sobre la economía generado por medidas sanitarias. El Estado argentino fue uno de los primeros en la región en adoptar medidas de prevención y aislamiento. A partir de lo cual logró implementar una serie de medidas basadas en las evidencias disponibles en función de mitigar la propagación de la pandemia. Al mismo tiempo, emprendió la tarea de aliviar la caída del ingreso de las familias más pobres, proteger la producción y el empleo y garantizar el abastecimiento.

Según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina, las transferencias de ingresos -sin considerar subsidios sectoriales y ayudas a los gobiernos provinciales- habría representado más del 20% del gasto público primario durante el primer semestre del año (8% del PBI semestral): 975.000 millones de pesos entre enero y junio de 2020. En este marco, destacan las iniciativas del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo (ATP), además de los refuerzos a los programas preexistentes. A esto se sumaron políticas de asistencia a la producción, políticas de precios y una serie de subsidios en materia de servicios públicos. Según el Ministro de Desarrollo Social a partir de la pandemia son más de “11 millones los argentinos que acceden a una asistencia alimentaria a partir de distintos mecanismos brindados por el Gobierno nacional y federalizados en distintas partes del país”.

El total de transferencias sociales a cargo de las políticas de protección social ejecutadas entre enero y junio de 2020 (978.000 millones de pesos), representaron alrededor de 3,6% del PBI de 2020 (estimado por el Observatorio Fiscal Federal en 26.465.696 millones de pesos), o de 8% correspondiente al PBI semestral (12.218.795 millones de pesos corrientes). Si de este gasto se descuentan las transferencias destinadas a los segmentos formales (ATP, seguro de desempleo y bono a los trabajadores de la salud), el monto de transferencias monetario-alimentarias directas e indirectas a poblaciones pobres o informales habría representado por lo menos el 5,6% del PBI semestral (2,5% del PBI 2020).

Al respecto, cabe tener en cuenta que antes de la crisis sanitaria COVID-19, el 33% de los hogares percibía una asistencia monetaria directa a cargo del Estado, sin contar las prestaciones previsionales de la seguridad social. Según el Observatorio de la Deuda Social, en mayo de 2020 esta proporción habría alcanzado al 45% de los hogares del país. Es decir, casi 5 millones de hogares (el IFE no es un buen indicador para identificar hogares). Muy posiblemente, en realidad, más de 12 millones de personas beneficiarias directa o indirectamente de un programa de protección social. Por lo mismo, los efectos inmediatos en materia de empleo y de pobreza son menos graves que en otras crisis de igual envergadura. Sin embargo, lamentablemente, el conjunto de medidas adoptadas es destacable pero no fueron ni son suficientes para evitar la extensión y profundización de la desigualdad estructural en la Argentina. El Cuadro 2, a partir de un modelo de micro simulación estadística correspondiente al 2° trimestre de 2020, a partir de los datos de la EPH-INDEC del 1° trimestre del año, da cuenta del modo diferencial en que la situación afectó a los diferentes segmentos de la pobreza urbana.

• El 80% de lo población que en el primer trimestre de 2020 se encontraba en condición de NO POBRE habría continuado en esa situación en el siguiente trimestre. El resto empeoró su situación: el 18% paso a un estado de pobre no indigente y el 2% a una situación de indigente.
• Al considerar a la población que el primer trimestre de 2020 se encontraba en situación de pobre no indigente, se observa que un 11% de ellos habrían podido salir de esta situación y pasar a la condición de no pobres, mejorando de esta forma su situación económica. Contrariamente, el 16,5% de los pobres no indigentes del primer trimestre agravaron su situación y pasaron a la indigencia.
• Una parte de población que en el primer trimestre de 2020 se encontraban en una situación de indigencia -bajo el contexto de las nuevas políticas de transferencia- logró salir de ella en el II trimestre. El 38,3% salió de la extrema pobreza a una situación de pobre no indigente, pero solamente el 0,5% pudieron pasar a no ser pobres.

De esta manera, el nuevo escenario, aunque aliviado por las políticas sociales, lejos está de ofrecer una nueva normalidad social. Por el contrario, tiende a profundizar los dramas y las desigualdades estructurales que atraviesan la matriz social argentina: con cada crisis, más clases medias pobres fuera del sistema; al tiempo que mayor fluidez social entre los pobres.

El actual escenario si bien desnuda nuestra indefensión frente a una pandemia que, aunque predecible, todavía es inmanejable, la situación también da cuenta de algún grado de abandono que enfrenta nuestra sociedad frente una clase política que no acierta en abordar temas prioritarios. Es un tiempo para apaciguar, crear puentes y proyectar soluciones estratégicas de manera consensuada. Al menos, con el fin de ponernos de acuerdo en los diagnósticos y crear las reglas de juego para salir de nuestra parálisis histórica. Pero ni este horizonte de mínima resulta una opción para la dirigencia política.

(*) Agustín Salvia (CONICET-UBA / Observatorio de la Deuda Social-UCA)

Crédito TN

https://tn.com.ar/opinion/pobreza-mas-pobreza/2020/09/12/TJ4Q7MTEOVBHBGMIAJ3R6ZYFNQ_story/