Ya pasamos el primer mes de cuarentena o, como se denomina oficialmente, Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Y de ahora en adelante, serán más necesarias que nunca la capacidad, las consultas y, por qué no, el ingenio de las autoridades para encontrarle la solución a un dilema que cada vez es más acuciante. Ya lo sabemos, se trata de resolver cómo congeniar la imprescindible prevención sanitaria de toda la población con la no menos importante recuperación de la actividad económica.
No vamos a ser tan soberbios para asegurar aquí cuándo comenzaron los problemas en el país. O, parafraseando a Vargas Llosa, “cuando se jodió la Argentina”. Pero lo que es innegable es que décadas y décadas de retroceso económico y social no son gratuitas. Quiérase o no, dejan sus efectos. Y hoy los padecemos en carne propia.
En este segundo mes de cuarentena, más allá de las excepciones que se van sumando, pasará a ser más importante aún que en el primero la relación entre el sector público y el privado. O, para decirlo en otras palabras, el Estado y el mercado. Olvidémonos de las teorías, las supuestas teorías maniqueas que los presentan como opuestos irreconciliables. Y tengamos presente que el Estado y el mercado nacieron juntos, fueron aliados desde el principio en el propósito del poder central y la burguesía para imponerse sobre los privilegios de la aristocracia. Mucha agua pasó debajo de los puentes, pero con sus avances y retrocesos, Estado y mercado siguen en constante retroalimentación.
Y es ahora, en este momento crucial en el que nos tenemos que plantear cómo volver lentamente a la normalidad -o a algo que se parezca a lo que fue la normalidad hasta no hace mucho tiempo- y cómo proteger a 45 millones de personas, es cuando se notan las grietas y fisuras de una estructura a la que se viene bombardeando desde hace muchísimo tiempo.
Hoy es cuando el sector privado más necesita del Estado, para que lo asista en una etapa en la que la actividad económica está restringida o directamente suspendida. Pero también es el Estado cuando más requiere del sector privado, para que genere los recursos que, en definitiva, derivan en los impuestos con los que se financia día a día.
Pero también hoy es cuando tanto uno como el otro está en las peores condiciones. Puede parecer una paradoja, pero no es más que la consecuencia de un país en decadencia. Que cada cual le ponga la fecha de inicio que más le guste.
Algunos datos nos servirán para fundamentar lo que estamos señalando. Cuanto más necesario es el apoyo material del Estado, menos recursos tiene. Y cuanto más se precisa del mercado para dinamizar la economía, generar trabajo y aportar los recursos tributarios para aceitar el círculo virtuoso, atravesamos el riesgo de estar ante las puertas de una quiebra generalizada.
Los datos relevados por diferentes cámaras empresarias son contundentes. Y también aleccionadores para algunos funcionarios a los que todavía no les cayó la ficha de la poca capilaridad del Estado en la sociedad. No nos referimos solamente a los sectores más vulnerables, a los que se desempeñan en la informalidad. El Estado no llega, o al menos no sabe llegar, a empresas registradas y afiliadas a cámaras nacionales. Tanto CAME como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios comprobaron que tres de cada cuatro asociados no accedieron a la línea de crédito al 24%. Algunos porque no califican y otros por una razón más sencilla aún: con una facturación cero, cualquier tasa de interés es mal negocio.
Los ejemplos pueden seguir con la asistencia para el pago de salarios y ni qué hablar con autónomos y monotributistas. Esto va más allá de la buena voluntad de los funcionarios.
Y del lado del Estado, el perjuicio es por partida triple: al propio Estado nacional, al sector privado y a las provincias, que por una extraña concepción del federalismo hace 85 años que dependen de los recursos que se reparten desde la casa matriz del Banco Nación.
En ese aspecto, todavía no se vio lo peor. La recaudación de marzo fue una malísima noticia, con un aumento meramente nominal, pero con una caída notoria en términos reales. Pero tengamos presente que 19 de los 31 días de ese mes estuvieron libres de cuarentena. Y que gran parte de la recaudación corresponde a declaraciones juradas que reflejan la actividad de febrero, cuando ni siquiera había contagiados de coronavirus.
Los datos de recaudación de abril serán inevitablemente peores. Aun si se levanta la cuarentena, el 87% del mes estará alcanzado por el aislamiento casi total. La discusión no será si la recaudación va a caer o no en términos reales (y quizás también nominales) sino a cuánto va a llegar la caída.
Y como dijimos, los efectos se repartirán por partida triple: el propio Estado tendrá problemas para su financiamiento rutinario, para dar la asistencia al sector privado y, además, para tapar los agujeros en las finanzas de provincias y municipios. Ya se prevé que las transferencias por coparticipación cerrarán abril con una pérdida real del 14%.
Para un Estado que, por si fuera poco, no tiene cómo ni dónde financiarse, la solución de emergencia será la emisión monetaria. Ya lo viene haciendo, al punto que desde que asumió el presidente Alberto Fernández el dinero en circulación aumentó en unos 800.000 millones de pesos.
No es por decir, pero quizás por eso más de una consultora está revisando al alza sus pronósticos de inflación para todo el año. Y en ese sentido, el 3,3% de marzo fue sólo una advertencia.
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Marcelo Bátiz
