Treinta ex funcionarios kirchneristas están procesados o imputados

 

EL PROCESAMIENTO DISPUESTO  POR LA JUSTICIA CONTRA EX JEFES DE GABINETE DEL KIRCHNERISMO POR INCUMPLIR SUS DEBERES PÚBLICOS EN EL CONTROL DE FONDOS DEL PROGRAMA FÚTBOL PARA TODOS, ENGROSA UNA NÓMINA DE EX FUNCIONARIOS DEL FRENTE PARA LA VICTORIA IMPLICADOS EN CAUSAS JUDICIALES, REACTIVADAS EN LOS ÚLTIMOS MESES CON EL CAMBIO DE GOBIERNO.

 

boudou

 

Además de los ex jefes de Gabinete Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández fueron procesados por la jueza federal María Servini de Cubría el ex gobernador bonaerense Gabriel Mariotto y el ex coordinador de FpT Pablo Paladino en una causa por incumplimiento de deberes por no haber controlado el uso de fondos en ese programa.

 

Fernández carga -junto a los ex ministros de Salud Juan Manzur y Daniel Gollán- con otro procesamiento en una investigación por supuestas irregularidades en la licitación del plan Qunita, que lleva adelante Bonadio.

 

Ayer también el juez federal Ariel Lijo procesó al ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli por supuesto “lavado de activos” provenientes del delito, a raíz de aportes de dinero por parte de droguerías, cuyo origen pudo ser el tráfico de efedrina, a la campaña presidencial del 2007 de Cristina Kirchner.

 

Pero la lista de ex funcionarios kirchneristas implicados en delitos por la justicia se abrió con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado por sustracción de pruebas y por recibir dádivas de empresarios, y en diciembre del año pasado, por su responsabilidad en la tragedia de Once.

 

En el recuento, el caso de Ciccone Calcográfica fue uno de los más resonantes porque complicó al ex vicepresidente Amado Boudou, procesado y a la espera del juicio oral por las irregularidades detectadas en la venta de la empresa.

 

Boudou es investigado en otras tres causas. Una de ellas, por enriquecimiento ilícito, otra, por insertar datos falsos en su DNI, y la tercera, por la adquisición de 19 vehículos de alta gama para el Ministerio de Economía, por los cuales se habrían pagado sobreprecios. En esta última investigación también está implicado el ex titular de la SIGEN Daniel Reposo.

 

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner también forma parte de la nómina de procesados desde mayo último cuando el juez Claudio Bonadio dictó su procesamiento -junto al ex ministro de Economía Axel Kicillof, al ex titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Alejandro Vanoli y a otros 15 funcionarios- en el marco de la causa dólar futuro.

 

Vanoli, al igual que el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, fue acusado por Bonadio por incitación a la violencia colectiva y peculado en un expediente abierto por el uso de cotillón con leyendas consideradas hostiles al Grupo Clarín.

En esa causa corren la misma suerte el ex vicepresidente de la CNV Hernán Fardi y los ex directivos Héctor Helman, Rodolfo Iribarren, Matías González y Mabel D’Orazio Cebey.

 

Cristina Kirchner, en tanto, se libró el año pasado de una imputación con gran peso mediático. Es la que había formulado en su contra el fallecido ex fiscal Alberto Nisman por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, que finalmente fue desestimada el año pasado por el juez Rafecas, para quien “no hay un sólo elemento de prueba” de delito.

 

En cambio, otro procesado del gobierno kirchnerista fue el ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella, quien según la Cámara Federal incurrió en violación de secreto al develar parte de una investigación interna que el organismo llevaba adelante contra joyerías.

 

La tragedia de Once recibió como respuesta judicial la condena de los ex secretarios de Transporte kirchneristas Juan Pablo Schiavi (8 años) y Ricardo Jaime (6 años) por el delito de estrago culposo agravados y administración fraudulenta contra el Estado en un juicio que se realizó el año pasado.

 

A ello se sumó que el mes pasado, el juez Bonadio procesó al diputado nacional Julio de Vido por “descarrilamiento de tren agravado” y “administración fraudulenta” y le trabó un embargo por 600 millones de pesos.

Jaime y De Vido comparten responsabilidad también en una causa abierta por la compra de trenes inservibles a España y Portugal en 2005, en la que el ex secretario ya fue procesado.

 

Las sospechas de enriquecimiento ilícito que sobrevuelan a varios ex funcionarios tuvieron un capítulo inédito la semana pasada con el arresto del ex secretario de Obras Públicas José López -investigado por el juez Daniel Rafecas- cuando intentaba deshacerse de casi 9 millones de dólares y un arma en un monasterio de General Rodríguez.

 

En abril último el diputado nacional y ex secretario General de la Presidencia, Eduardo “Wado” De Pedro, fue imputado por presuntos sobreprecios en los gastos de viajes al exterior en 2015 de la ex presidenta Cristina.

 

El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli también tuvo que presentarse a declarar el año pasado en una causa por enriquecimiento ilícito en los tribunales de La Plata cuando ya competía por la Presidencia.

 

Más lejos, en el 2014, resultó procesada la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, a quien Servini de Cubría investigó por “administración fraudulenta” por haber pagado “compras, almuerzos y viajes aéreos” con dinero de la secretaría a su cargo, en un proceso que está a la espera del juicio oral.

 

También en el 2014 Servini de Cubría procesó a tres ex funcionarios de la Sedronar -secretaría encargada de luchar contra el narcotráfico- en una causa por falta de controles en la importación de efedrina: José Granero (ex titular y también ex director de Enarsa), el asesor Gabriel Abboud y el ex director del registro de precursores químicos Julio De Orué.

 

Este año también podría quedar comprometida la situación del ex secretario de Energía, Daniel Cameron, sobre quien pesa un futuro pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, que debe decidir si ratifica su sobreseimiento o lo procesa por el presunto vaciamiento de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

 

El abanico de denuncias incluye además la que presentó pocos días atrás el titular de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Juan Pablo Piccardo, contra el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, a quien acusó por privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad por haberse visto obligado a asistir a un encuentro entre Metrovías y la UTA.

TELAM

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