Argentina está demostrando una vez más que es el país de Latinoamérica donde es más difícil sacar adelante reformas impopulares. Una masiva movilización a las puertas del Congreso, con fuertes disturbios que hicieron retroceder a la policía varias veces, ha tratado de frenar el segundo intento de Mauricio Macri de aprobar la polémica reforma de las pensiones. Pero esta vez no lo están logrando. El debate sigue dentro del hemiciclo mientras los manifestantes han ido paso a paso terreno a base de piedrazos y se han llegado a colocar muy cerca de poder entrar al palacio. Solo cuando se acercaron demasiado, la policía local decidió pedir refuerzos a la federal, cargar con todo y lanzar gases lacrimógenos para recuperar el control de la plaza. El kirchnerismo exigía al Gobierno que suspendiera la sesión mientras la aliada de Macri Lilita Carrió hablaba de “golpe de Estado” en medio de unas imágenes que no se veían en Argentina desde la crisis de 2001.

La semana pasada, el escándalo de los disturbios y la tensión dentro del Congreso forzaron a levantar la sesión. Esta vez el Gobierno aprendió la lección y cambió en dos frentes. Primero, buscó más apoyos de los parlamentarios, con un pacto con algunos gobernadores peronistas y un compromiso de dar a los pensionistas una paga extra que suavizara la pérdida de poder adquisitivo. Y después, dio órdenes a la policía para que resistiera sin forzar una represión brutal. Aún así, los disturbios crecían y la situación se hacía más insostenible cada minuto. “Frene esta locura”, le pedían los diputados kirchneristas al presidente del Congreso, Emilio Monzó, empeñado en seguir adelante para demostrar que una manifestación no puede impedir los trabajos de un Congreso en el que Macri ha logrado trenzar una inestable mayoría con el apoyo de algunos peronistas.

En medio del caos también fueron agredidos con extrema violencia algunos periodistas, como el cronista de TN Julio Bazán, que sufrió todo tipo de golpes por la espalda y se libró de ser linchado cuando pudo huir por el metro. Las imágenes de su intento de linchamiento fueron especialmente dramáticas. El terror y el caos alejaron a la gente del centro, que se convirtió en un escenario de batalla con menos tráfico que un domingo.

La sesión en el Congreso ha sido el resultado de una estudiada estrategia política, desplegada en varios frentes a la vez. El fracaso del jueves, en la que el Gobierno no consiguió quorum para iniciar la sesión y la gendarmería reprimió con gases y balas de goma a los manifestantes fuera del Congreso, obligó a Macri a pactar con el peronismo los votos y a cambiar el esquema de seguridad. El Congreso fue blindado como aquel día, pero en lugar de la Gendarmería, una fuerza militarizada a cargo del control de las fronteras, la seguridad estuvo a cargo de la policía de la ciudad. La decisión supuso el desplazamiento de una fuerza nacional por una comunal. Y fue un mensaje para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticada hasta por aliados de Macri por lo que consideraron el jueves una exhibición innecesaria de fuerza.

Esta vez, el cambio de estrategia fue evidente. Decenas de manifestantes arrojaron piedras y bombas de estruendo contra policías que resistieron durante más de una hora tras sus escudos de acrílico antes de responder con bombas de gas y bolas de goma. La orden ha sido aguantar todo lo posible para evitar las postales del jueves. Mientras la cabecera de la protesta se resolvía con violencia, los partidos de izquierda y movimiento sociales más combativos cortaron los principales accesos a la ciudad, sobre todo los puentes que cruzan el río hacia el sur y las autopistas que llegan desde el norte y el oeste, y realizaron piquetes en las principales avenidas. A la movilización en la calle se le sumó una huelga general de la Confederación General del Trabajo (CGT), la central peronista más poderosa del país, una decisión que puso fin a la tregua que mantuvieron hasta ahora con el Gobierno. La huelga arrancó al mediodía del lunes y no alcanzó en el arranque al transporte, una estrategia para facilitar la movilización.

Mientras la CGT iba a la huelga y los grupos piqueteros salían a la calle, el Gobierno desplegaba todos los recursos políticos a su alcance para garantizar los votos a la reforma. Antes de la sesión, Macri consiguió que la mayor parte de los gobernadores peronistas, donde reside el poder territorial fuera de Buenos Aires, dieran su apoyo explícito a la reforma con una foto que los reunió en el Congreso. No fue un apoyo gratuito, para ninguna de las dos partes. La reforma de las jubilaciones formó parte del pacto fiscal que el Presidente firmó con las provincias en noviembre pasado. El texto comprometió a los gobernadores a reducir el déficit de sus administraciones y a dar apoyo a las reformas estructurales que impulsa la Casa Rosada tanto en jubilaciones como en el sistema tributario. A cambio, los gobernadores consiguieron los fondos necesarios del gobierno central.

La reforma jubilatoria es un gran desafío para Macri, por el rechazo que genera entre los argentinos cualquier cambio que pueda suponer una bajada de los ingresos. Los ánimos no son los mejores para cambios, como se ha hecho evidente en la calle. La propuesta oficial no apunta a cambios estructurales, sino a la forma en que se calcula la actualización de los haberes en un país con la segunda inflación más alta de América Latina, después de Venezuela. El krichnerismo ideó una ecuación que tomaba en cuenta el aumento de los ingresos en el sistema y la subida de precios con actualizaciones dos veces por año. El macrismo pretende cambiar esa fórmula por otra que define el porcentaje de aumento según la subida de los salarios formales y la inflación, con actualizaciones trimestrales. El problema ha sido que la cuenta dio negativa para los jubilados. Según los cálculos de los expertos, el nuevo índice otorgará una subida de 5,7%, frente al 14% de la fórmula actual.

El argumento oficial es que es cuestión de tiempo para que el nuevo sistema finalmente “empalme” con el nuevo, es decir que a largo plazo las subidas serán similares y se estabilizarán a medida que baje la inflación, como espera el Gobierno. Para compensar la pérdida inicial y tras el fracaso legislativo de la semana pasada, Macri ofreció a los diputados más dubitativos que el Estado aporte en marzo de 5.000 millones de pesos (294 millones de dólares) a repartir entre nueve millones de jubilados. El bono ha sido clave para destrabar los votos que necesita Macri en Diputados, pero no convenció a la oposición, que prometió mantener el pulso contra la reforma.

Crédito:El País

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