Larreta visitó una escuela intensificada en Tecnología de la Información y la Comunicación

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acompañado por la ministra de Educación, Soledad Acuña, compartió hoy con alumnos la exposición de fin de año de la Escuela N° 27 Manuel de Sarratea, una de las diez instituciones de jornada completa intensificadas en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Rodríguez Larreta participó de una Kermesse Digital, en la que los chicos mostraron los trabajos hechos en los Espacios Digitales, que solían ser las aulas antiguas de informática. Gracias al Plan Integral de Educación Digital (PIED) ahora esos espacios cuentan con tecnología y equipamiento informático de última generación, que permite reformular los contenidos en todos los grados y cursos.

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Entra en vigencia la ley que obliga al Estado a dar información de sus actos a los ciudadanos

Este viernes entra en vigencia la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública que obliga a los tres poderes del Estado a informar sobre sus acciones.

La ley que obliga a los tres poderes del Estado a informar a los ciudadanos sobre sus actos entrará en vigencia mañana, en sintonía con la apertura largamente reclamada por organizaciones civiles que piden mayor transparencia en los asuntos públicos. Aprobada un año atrás por amplia mayoría en el Congreso Nacional, la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública constituye un avance en materia de transparencia estatal -luego de años de intentos parlamentarios fallidos- porque se apoya en el derecho de toda persona a conocer la manera en que sus gobernantes, representantes y funcionarios cumplen sus funciones y el destino que otorgan al dinero público.

En concreto, cualquier ciudadano podrá solicitar información al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y deberá tener una respuesta adecuada en un lapso no mayor a 15 días, prorrogables por otros 15. En caso de que eso no ocurra, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa y/o judicial. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado tiene el deber de asegurar la transparencia de su gestión y no sólo debe responder ante pedidos de información por parte de los ciudadanos, sino también difundir activamente los datos relevantes.

“El principio de máxima divulgación ordena diseñar un régimen jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general sometida a estrictas y limitadas excepciones”, sostuvo la CIDH. En la misma línea, la Asamblea General de la OEA se pronunció en reiteradas oportunidades desde 2003 a favor de la apertura y transparencia de los Estados, le dio mandato a la Relatoría Especial para hacer un seguimiento en la región e instó a los países miembros a adoptar las recomendaciones de ese órgano.

TELAM

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