Buenos Aires, 21 de junio de 2019. En los últimos 14 años, la presión fiscal aplicada por Nación, provincias y municipios, se duplicó. La mayoría de los municipios convirtieron las tradicionales tasas municipales en un tributo que grava facturación bruta, se superpone con Ingresos Brutos y además no se vincula con la prestación de servicios.
Desde IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) alertamos sobre la elevada carga tributaria que los municipios imponen a las empresas que no poseen en el municipio el sustento territorial, ya sea por carecer de oficina, local o establecimiento para inspeccionar. En las municipalidades en que las empresas sí poseen establecimientos, local y oficina, en las que les brinda el servicio público divisible de inspección, seguridad, salubridad e higiene, y se les puede reclamar la tasa, ésta no podrá tomar como base gravable más que los ingresos devengados por la actividad realmente ejercida dentro de dicho municipio.
Ésta presión fiscal inédita e inconstitucional impactó a muchas empresas, generando un freno en el consumo por el elevado incremento de los precios.
La única salida posible es que las partes (gobiernos y contribuyentes), realicen la doble tarea de ser más eficientes en su gestión interna y logren consensos basados en la ley y en su capacidad contributiva. El poder judicial, por su parte y en caso de corresponder, debe aportar el equilibrio emergente de su independencia, para poner freno a esta realidad que conlleva al quiebre de todo el sistema económico y social de la Argentina.
Gabriela Insignares Kuiman
URBAN – Grupo de comunicación
